Los gobiernos encargan enormes volúmenes de obra y apenas heredan datos utilizables de ella. Asesoramos sobre los estándares, mandatos y requisitos de información que convierten la ejecución de proyectos en un registro duradero de los activos, y sobre dónde un gemelo digital justifica realmente su coste en lugar de convertirse en una visualización cara.
Definimos qué necesita recibir realmente la organización cliente, en qué fase del proyecto y en qué formato —en línea con la norma ISO 19650 cuando procede— y lo traducimos en requisitos de información de activos lo bastante precisos para incluirse en los contratos, en lugar de quedarse en aspiraciones de política.
Un mandato BIM que la cadena de suministro local no puede cumplir genera incumplimientos, no mejores datos. Evaluamos la capacidad de contratistas y consultores, fijamos umbrales proporcionados según el valor y el tipo de proyecto, y escalonamos las obligaciones para que el mercado tenga tiempo de invertir antes de su exigencia.
Contrastamos los posibles casos de uso —operación y mantenimiento, rendimiento energético y de servicios, planificación de capacidad y espacios, seguimiento del estado de las infraestructuras— con los datos que requeriría cada uno y la decisión que mejoraría, y solo recomendamos aquellos cuyo beneficio operativo supera el coste permanente de mantener el modelo actualizado.
Los datos de los activos se degradan si nadie es su responsable. Determinamos dónde se conserva la información tras la entrega, quién responde de que esté actualizada, cómo se conecta con los sistemas de gestión patrimonial y de mantenimiento ya existentes y qué capacidades necesita el organismo cliente para ser un receptor competente de lo que ha exigido.
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