Digitalización del registro de la propiedad y de las transacciones inmobiliarias

Una titularidad segura y consultable es la condición previa de todo mercado hipotecario, de toda base imponible sobre el suelo y de toda oferta de inversión creíble. Asesoramos a los gobiernos en la modernización de los registros de la propiedad y de los servicios de transacciones inmobiliarias: conciliando los registros catastrales y jurídicos, digitalizando el proceso de transmisión y creando los mecanismos institucionales que mantienen la fiabilidad del registro a lo largo del tiempo.

Nuestra metodología

Línea de base de registros y tenencia

Evaluamos conjuntamente el registro y el catastro: cobertura, exactitud, volumen de parcelas no inscritas o en tenencia informal y grado de divergencia entre el registro jurídico y la ocupación física. Esto determina si el mandato consiste en una primera inscripción sistemática, en una migración de datos o en una modernización de la capa de servicio: tres programas muy distintos.

Marco legal e institucional

La titularidad digital requiere respaldo jurídico. Identificamos las modificaciones necesarias para que los registros electrónicos, la firma digital y su valor probatorio sean válidos, y aclaramos las competencias de los organismos registrales, topográficos, judiciales y municipales para que la responsabilidad sobre la integridad del registro no admita dudas.

Proceso de transacción y arquitectura de datos

Rediseñamos de principio a fin los procesos de transmisión, hipoteca y segregación —incluidos los pasos de tasación, fiscales y notariales— y definimos el identificador de parcela, el modelo de datos y las integraciones con los sistemas de identidad y pago que permiten completar una transacción sin tener que presentar la misma documentación en cada ventanilla.

Despliegue, financiación y captura de valor

Escalonamos la implantación en función de la capacidad institucional y del coste, y construimos el caso de negocio en torno a lo que el registro hace posible: crédito hipotecario, una base imponible sólida sobre el suelo y los inmuebles, un acceso más rápido de los inversores al suelo y datos fiables para la planificación. Las opciones de financiación y de recuperación de costes se estructuran junto con el plan de ejecución.