Los mercados frontera y de alto crecimiento no son más arriesgados que los mercados maduros en todos los aspectos. Lo son de maneras que se valoran mal y que rara vez se ponen por escrito. Evaluamos el riesgo político, regulatorio y del clima de inversión en la medida en que afecta a una decisión concreta —el horizonte de una concesión, un plan de fases, una posición de suelo, un compromiso de capital— y ofrecemos un juicio sobre el que un comité de inversión o un consejo pueda actuar, no una calificación del país.

Establecemos cómo se toman realmente las decisiones en el mercado: dónde reside la autoridad, qué instituciones la ejercen de forma duradera y hasta qué punto la coalición reformista que respalda un programa está expuesta a una transición o a una sucesión. El horizonte que importa es el del activo, no el del ciclo electoral: una concesión a treinta años exige una opinión sobre si el acuerdo sobrevivirá a quienes lo firmaron.
Ponemos a prueba la fiabilidad de los instrumentos concretos de los que depende una inversión —tenencia e inscripción del suelo, licencias y autorizaciones, exigibilidad de los contratos y vía práctica de resolución de controversias— a la luz de los precedentes y no solo de la ley. Lo importante no es si las protecciones existen sobre el papel, sino cómo se han comportado cuando se han puesto a prueba, y frente a quién.
Evaluamos la convertibilidad y la repatriación de beneficios, la capacidad fiscal del Estado o de la contraparte pública para cumplir obligaciones a largo plazo, y la exposición a sanciones, a la estructura de propiedad y a riesgos de integridad a lo largo de toda la cadena de contrapartes. En las estructuras de APP y de concesión, esto determina a menudo la financiabilidad más que el propio caso de demanda.
Sometemos la estrategia a un conjunto definido de escenarios y estructuramos las mitigaciones en la propia operación: fases y compromisos escalonados, gobernanza y derechos de intervención, seguros de riesgo político y participación de la financiación al desarrollo o de organismos multilaterales, utilizada de forma deliberada como estabilizador. El resultado es un conjunto de decisiones, no un registro de riesgos.
El riesgo país rara vez es una cuestión aislada. Aparece dentro de un estudio de viabilidad cuya rentabilidad presupone un régimen regulatorio estable, dentro de un encargo de atracción de inversiones que debe responder a la primera objeción del inversor y dentro de una estructura de APP cuya lógica entera es el reparto del riesgo entre las partes pública y privada. Realizamos esta evaluación como un encargo independiente cuando una decisión lo requiere, y como una prueba de resistencia integrada en el trabajo estratégico cuando no.
Nuestro trabajo abarca el riesgo político, regulatorio y del clima de inversión en la medida en que afecta a la asignación de capital y al diseño de programas. Su alcance se limita deliberadamente a la decisión de inversión: no prestamos consultoría de seguridad operativa o física, servicios de protección ni respuesta a crisis, y lo diremos con claridad cuando un encargo los requiera.
Estrategia de visión nacional
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